GTA Forestalia
¿Alguien tenía dudas de que en Aragón somos pioneros en energía verde? Eso mismo parecen preguntarse los altos directivos de Forestalia mientras descorchan otra botella de champán y celebran el éxito rotundo de sus negocios de energías renovables y centros de datos en Aragón. “No hay quien nos pare”, deben pensar.
El pasado 12 de diciembre, la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) registró la sede de Forestalia en Zaragoza. Esta empresa se encuentra en la cúspide del mercado aragonés de las energías renovables y se suma también al negocio de los centros de datos. No resulta ninguna sorpresa que el registro de la UCO se produjera en el marco de una investigación por una trama de adjudicaciones irregulares de contratos públicos. Vamos por partes.
Forestalia fue fundada en 2011 por Fernando Samper, que, redoble de tambores, pertenece nada menos que a la quinta familia más rica de Aragón. La misma familia empresarial es propietaria del grupo cárnico Jorge, actualmente en plena expansión en la comunidad. El registro en su sede no es más que la punta del iceberg de una auténtica trama digna de un videojuego al estilo GTA, construida a costa de los recursos públicos y de la explotación de los recursos de los aragoneses. Vayamos a los hechos.
En 2018, un funcionario fue cesado por no agilizar los trámites para tres parques eólicos de una filial de Forestalia. Además, se han denunciado presiones a trabajadores de la administración para favorecer a la empresa en la adjudicación de contratos. Un ejemplo claro es el caso que culminó en una declaración favorable de impacto ambiental sin valoración previa en el proyecto de Mina Muga.
Como no podía ser de otra manera, los chanchullos no se limitan al ámbito autonómico. La empresa Mediaciones Martínez entregó 17,3 millones de euros, procedentes de Sepides, a Arapellet, filial de Forestalia, a cambio del compromiso de invertir 23 millones en la construcción de una planta en Valencia. Este caso escala hasta convertirse en una trama de corrupción a nivel estatal, que implica a altos cargos del PSOE, como Leire Díez, y al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
Pese a las evidencias de corrupción, el Gobierno de Aragón da vía libre al proyecto de centros de datos de Forestalia en Magallón, Botorrita y Alfamén y le despliega la alfombra roja al declararlo proyecto de interés autonómico. ¿Todavía alguien se cree el cuento de que las “instituciones públicas” están a nuestro servicio cuando no son más que herramientas para promover social, económica y ecológicamente suicidas”, con el único objetivo de que cuatro capitalistas se embolsen la pasta?
Este es el panorama, triste pero recurrente. Ellos siempre se salen con la suya. Al fin y al cabo, el mundo les pertenece y las instituciones no son más que la formalización de su dominio. Yo lo tengo claro, no queda más remedio que empezar a mirar la realidad desde una óptica crítica y científica y, por qué no decirlo, marxista-leninista. Los tiempos que corren son cada vez más difíciles y la clase obrera necesita más que nunca un barrote al que agarrarse, posicionarse y plantar cara a sus enemigos: la familia Samper, las instituciones y toda la maquinaria suicida que exprime a las personas en un ciclo autodestructivo sin fin.
